Bandas criminales están utilizando monedas digitales para exigir pagos, mover recursos del narcotráfico y evadir controles financieros en Colombia
Más de 3.000 millones de pesos en criptomonedas exigieron integrantes de La Oficina para liberar al influenciador caleño Roberto Felipe Mejía Caicedo, quien permaneció secuestrado durante 36 horas en un lujoso conjunto residencial de Envigado. El caso marcó un punto de quiebre en las investigaciones sobre el uso de monedas digitales por parte de estructuras criminales en el Valle de Aburrá.
El rapto ocurrió entre el 17 y el 19 de enero de 2024, cuando la víctima llegó a una propiedad en la Loma del Chocho para concretar una negociación relacionada con criptoactivos. Cinco hombres armados, presuntamente bajo órdenes de alias El Sobri, lo retuvieron y comenzaron a exigir el pago millonario en criptomonedas o en dólares. Antes de ser rescatado por el CTI de la Fiscalía y el Gaula Militar, alcanzó a transferir 184.000 dólares equivalentes a unos 670 millones de pesos en activos digitales.
¿Por qué las criptomonedas se volvieron atractivas para el crimen?
De acuerdo con fuentes judiciales, las criptomonedas se convirtieron en un mecanismo ágil para mover grandes sumas de dinero sin transportar efectivo ni exponerse en viajes internacionales. Recursos provenientes del narcotráfico o la extorsión pueden convertirse en Bitcoin o en monedas estables como USDT en cuestión de segundos, evitando controles tradicionales del sistema financiero.
Expertos en análisis financiero explican que anteriormente el dinero en efectivo debía ser trasladado físicamente entre países, lo que implicaba altos riesgos y costos logísticos. Con los activos digitales, las transferencias pueden hacerse desde cualquier lugar y en minutos.
Sin embargo, no todas las plataformas permiten anonimato total. En los exchanges más reconocidos se exige el procedimiento conocido como Know Your Customer, que obliga a registrar identidad, fotografías y documentos. Por eso, las organizaciones ilegales suelen recurrir a plataformas descentralizadas y a testaferros que fragmentan los recursos en múltiples cuentas. Parte del dinero pasa luego por mecanismos conocidos como mezcladores, que dificultan su rastreo antes de llegar a las cuentas finales de las estructuras.
Aun así, el negocio no está exento de riesgos. En criptomonedas con baja regulación o alta volatilidad, las pérdidas pueden ser significativas. Para reducir ese riesgo, muchos optan por monedas estables cuyo valor depende del dólar, lo que permite conservar el monto mientras se decide si convertirlo nuevamente en efectivo o invertirlo en otras actividades.
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Cambio ilegal de divisas y otros mecanismos
El uso de criptomonedas no es la única estrategia detectada por las autoridades. En Medellín también se ha identificado un aumento en el cambio ilegal de dólares y euros en zonas turísticas como el Parque Lleras. En operativos recientes se han incautado grandes sumas de dinero en efectivo que no pudieron justificar su origen.
En Colombia, el cambio de divisas debe realizarse a través de intermediarios autorizados y bajo supervisión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el Banco de la República. Cuando esta actividad se ejerce sin aval, puede convertirse en una ruta para lavar activos.
Las investigaciones apenas comienzan y, según autoridades locales, el volumen de recursos que se mueve por estas vías es incalculable. Mientras organismos internacionales como la DEA y Europol avanzan en mecanismos de regulación y cooperación, en Colombia el vacío normativo frente a las monedas digitales sigue representando un desafío para el control del crimen transnacional.
Aunque el movimiento en criptomonedas se perfila como una de las modalidades más complejas de rastrear, expertos coinciden en que hace parte de un ecosistema más amplio de estrategias diseñadas para convertir rápidamente rentas ilegales en aparentes recursos legales, burlando los controles tradicionales del sistema financiero.
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